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El pasado 19 de diciembre entró en vigor el  Real Decreto Ley 21/2018, de 14 de diciembre de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda y Alquiler.

El Boletín Oficial del Estado publica el 24 de enero  Resolución de 22 de enero de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de derogación del referido Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre.

El Real Decreto ahora derogado contenía las siguientes  novedades más importantes:

1- Reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos:

-Ámbito de la Ley. 

-Ya no era aplicable necesariamente a las viviendas con superficie superior a los 300 metros cuadrados.

-No se aplicaba a los alojamientos turísticos, cualquiera que sea su forma de comercialización.

-Duración del contrato.

-Se volvía al plazo mínimo de cinco años, o de siete si el arrendador es una sociedad u otra persona jurídica, a voluntad del arrendatario.

-Para que el arrendador pudiera reclamar  la vivienda por necesidades propias o familiares, tenía que  comunicarlo con dos meses de antelación. Si hay desalojo y en el plazo de tres meses no tiene lugar la ocupación, tiene derecho el arrendatario a ser repuesto por otros cinco  o siete años, con indemnización por los daños causados o una mensualidad por cada año que quedara de cumplir.

-El contrato una vez expirado con todas sus prórroga si no se notifica la extinción con treinta días de antelación, se prorrogaba por tres años más.

 Renta.

-No había derecho a elevar la  renta por obras de mejora en los primeros cinco o siete años. 

 Fianza.

 -Se mantenía una mensualidad  en arrendamiento de vivienda y dos en uso distinto al de vivienda, pero la  fianza no se actualiza en los primeros cinco o siete años del contrato

Los contratos celebrados con anterioridad a 19 de diciembre de 2.018 se seguían rigiendo por la legislación anterior que les corresponda.

 

2- Reforma de la Ley de Propiedad Horizontal 49/1960.

La modificaba en dos aspectos fundamentales, como la reducción de las exigencias para facilitar las obras o reformas de accesibilidad a los edificios y la posibilidad de que  la Comunidad prohibiera  utilizar las viviendas como arrendamiento “turístico” mediante acuerdo de las 3/5 partes de propietarios y cuotas, y la posibilidad de recargar esos usos con  elevaciones de cuota de contribución a los gastos comunes.

 

3- Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000.

En el requerimiento de pago se informará al arrendatario de la posibilidad de acudir a los servicios sociales, que podrá actuar, incluso pedir la suspensión del proceso durante un mes o dos, dependiendo si el arrendador es persona física o jurídica.

 

4- Reforma de cuestiones fiscales.

En la Ley reguladora de las Haciendas Locales:

Art. 63.2. Se eliminaba la obligación de repercutir el IBI al arrendatario en el alquiler de inmueble de uso residencial con renta limitada por una norma jurídica.

Art. 72.4. Se fijaba un recargo del 50 % de la cuota del IBI para inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados con carácter permanente. Se define el concepto de vivienda desocupada.

Art. 74.6. Se habilitaba a los ayuntamientos la posibilidad de establecer una bonificación de hasta el 95 % en la cuota del IBI para las viviendas sujetas a alquiler a precio limitado.

La derogación del Real Decreto  deja sin efecto la reforma de hasta cinco leyes, de forma que, a partir de la publicación del acuerdo de derogación en el Boletín Oficial del Estado la normativa vigente vuelve a ser la anterior en todas las leyes que se modificaban, pero ojo, hay que tener cuidado porque la reforma de esas cinco leyes sí que está en vigor y afecta a los contratos celebrados en el periodo de su vigencia, entre 19 de diciembre de 2.018 y 23 de enero de 2.01